Toluca, Mèx., 17 de marzo 2014.-El gobernador
Eruviel Ávila Villegas envío a la Legislatura local una iniciativa de ley para
adicionar al artículo 166 BIS del Código Penal del Estado de México, sanciones
de seis a 10 años de prisión a quien tolere, permita, facilite, trafique o
introduzca equipos electrónicos de comunicación, radiocomunicación, telefonía
celular, drogas o enervantes, dinero, armas y cualquier objeto prohibido a los
Centros Preventivos y de Readaptación Social, así como castigos de ocho a
13 años en prisión para aquellos servidores públicos que participen en esta
práctica, y solicitará a los concesionarios de redes públicas que, con base en
el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cancelen las señales de
telefonía celular dentro del perímetro de los penales o centros de
internamiento, con el objetivo de combatir el delito de extorsión.
Al inaugurar la
Unidad de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (ISSEMyM) en Toluca, Eruviel Ávila señaló que con
esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México busca desalentar el uso e
ingreso de este tipo de tecnologías y de cualquier objeto prohibido al interior
de los centros de readaptación social, ya que de acuerdo a las denuncias
realizadas por este ilícito, la mayor parte de las llamadas salen de los
penales del país, por lo que es necesario tipificar el delito de introducción
de telefonía celular a estos sitios e incrementar la penalidad, e hizo un llamado
a la población para que no haga caso a este tipo de extorsión y a denunciarlo.
Indicó que este delito es el segundo
que se reporta con más frecuencia en el país, según datos del INEGI, y el
Estado de México ocupó en enero de 2014, el octavo lugar entre las entidades en
donde más se comete este flagelo, tomando en cuenta la incidencia por cada cien
mil habitantes, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),
por lo que es necesario no bajar la guardia y continuar combatiéndolo con el
reforzamiento de la normatividad.
Eruviel Ávila también realizó un
llamado urgente a las autoridades municipales para que asuman la
responsabilidad que les corresponde en temas de seguridad pública, pues aseguró
que la Constitución Política obliga a los tres órdenes de gobierno a trabajar
para combatir a la delincuencia, y los instó a aplicar las sanciones
determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cesar del
cargo a aquellos elementos policiacos que no aprobaron los exámenes de control
de confianza y a impulsar estrategias coordinadas con la administración estatal
en esta materia, independientemente de las establecidas por el Mando Único.
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