· Firmó 14 compromisos con el sector privado del Estado de México, entre los que se incluyen mantener estabilidad en las finanzas públicas, así como redireccionar más recursos a la inversión productiva.
· La candidata independiente prometió enviar una iniciativa de ley al Congreso local, con la finalidad de que los partidos se hagan responsables de las acciones de sus militantes, pagando lo que desvíen e inhabilitándolos en procesos electorales.
Toluca, Estado de México, mayo 17 de 2017.- Al firmar los compromisos con el sector privado del Estado de México, la candidata independiente a la gubernatura mexiquense, María Teresa Castell de Oro Palacios, informó que, tras obtener el triunfo el próximo 4 de junio, se conformará un gobierno austero, en el que se acabarán los gastos excesivos, para que esos recursos se destinen al desarrollo de proyectos y programas que permitirán mejorar la calidad de vida de la población.
Acompañada de la consejera presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), María de Lourdes Medina Ortega, Teresa Castell aseguró que varios de los problemas que enfrenta la población, son resultado del mal manejo de los recursos públicos, mismos que no se revisan a dónde van a parar y de los que, cuando se descubre que fueron desviados para otros fines, nadie se hace responsable.
Por ello, se comprometió a enviar una iniciativa de ley al Congreso local, con la finalidad de que los partidos se hagan responsables de las acciones de sus militantes, de tal forma que si un alcalde o legislador hace un mal manejo de los recursos, serán los propios institutos políticos que los propusieron para ocupar el cargo, los que tendrán que pagar el monto robado y, a la par, se les inhabilitará para que participen en la próxima elección.
La candidata independiente aseguró que, actualmente, es necesario castigar el mal ejercicio del poder público por parte de los representantes de los partidos políticos, pues son ellos quienes han provocado que el Estado de México y el país enfrenten la peor crisis política, social y económica de la que se tenga registro.
Indicó que, al mismo tiempo, se realizarán acciones para evitar que se sigan cometiendo actos de corrupción y de falta de transparencia en el gobierno estatal, que provocan la fuga de empresas y la pérdida de empleos, por lo que se conformará el gabinete sombra, cuyos integrantes vigilarán el actuar de quienes encabezan cada secretaría de Estado, para evitar que se firmen contratos o se otorguen licitaciones en “lo oscurito”.
Además, se creará la Contraloría Ciudadana, la cual será la encargada de recibir y dar seguimiento a las denuncias sobre el mal manejo del dinero por parte de quienes conforman el gobierno estatal, y se fomentará la participación de los observatorios ciudadanos, que vigilarán que los recursos de los ayuntamientos se ejerzan para los fines para los que se etiquetaron.
Castell de Oro Palacios reconoció la importancia del sector empresarial para el crecimiento económico del Estado de México, por lo que aseveró que las diferentes asociaciones y cámaras empresariales tendrán un espacio en el Consejo de Asociaciones, para tomar las decisiones correctas y generar políticas públicas que verdaderamente mejoren la calidad de vida de la población y no solo se trabaje “de a ocurrencias”.
En este sentido, agregó que, en su gobierno, se le dará un impulso a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con la entrega de apoyos a la palabra y sin intereses a mujeres principalmente y la creación de un modelo educativo con metodología emprendedora para los estudiantes a partir de los 16 años, para que egresen con la visión de generar empleos y no de solo ser empleados, lo cual permitirá acabar con la informalidad y el desempleo que enfrentan los mexiquenses.
A la par, se trabajará para conformar una verdadera mejora regulatoria en la que se permita abrir un negocio en menos de 72 horas con requisitos de bajo impacto y con la que se digitalicen los procesos estatales, para evitar que los inversionistas tengan que presentar un mismo documento en varias ocasiones, y se creará una Subsecretaría de Desarrollo Productivo, que acompañará a los 125 municipios a encontrar su vocación y destinar los recursos correctamente.
Teresa Castell afirmó que el crecimiento económico del Estado de México no estará peleado con el desarrollo sustentable, pues impulsará un reordenamiento urbano, que fomentará el crecimiento de las regiones de forma vertical, como actualmente crecen varias ciudades del mundo, sin desaparecer grandes extensiones de bosques y afectar los recursos naturales.
Reiteró su propuesta de generar el programa de recolección y separación de basura más ambicioso de México, en el que no solo se beneficien unas familias sino toda la población, pues al entregar los desechos orgánicos separados en los centros de acopio que se abrirán, recibirán un vale que podrán cambiar por productos o servicios en tiendas de abarrotes y lavanderías, entre otros.
Por su parte, la titular de la Concaem, María de Lourdes Medina Ortega, coincidió con la candidata independiente en el sentido de que no se puede seguir gobernando de “a ocurrencias”, por lo que reconoció su interés de generar políticas públicas con un nuevo rostro menos asistencial y más productivo, por lo que aseguró que el sector empresarial tiene confianza en que, de obtener la gubernatura mexiquense, dará cumplimiento a los 14 compromisos asumidos con la iniciativa privada.
Entre los compromisos asumidos con el sector empresarial, está el mantener la estabilidad de las finanzas públicas, promoviendo la reducción de la deuda y del gasto corriente, así como redireccionar más recursos a la inversión productiva; aplicar una política fiscal que impulse la inversión, la generación de empleo y la innovación; ejercer los recursos públicos, bajo la figura del presupuesto por objetivos y garantizar plena transparencia y acceso a la información para el escrutinio público del ejercicio gubernamental.
Asimismo, el conformar un gabinete con personas que cumplan el perfil de puestos y no bajo compromisos partidistas y/o familiares, dar certidumbre jurídica a la inversión, otorgar incentivos a empresas privadas, nacionales y/o extranjeras, para facilitar la llegada de inversiones; formar un Consejo Estatal de Competitividad Económica, hacer público el padrón de beneficiarios de programas sociales para prevenir su uso político electoral e incentivar una política social más enfocada al desarrollo de capacidades productivas y menos al asistencial.
