Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de Octubre de 2015. Si bien es cierto que existe un avance importante en la legislación en materia de transparencia, aún hace falta expedir la Ley General de Archivos, que garantice que los sujetos obligados documenten todos los actos que deriven de sus funciones o competencias y que dichos documentos sean accesibles para quienes lo soliciten.
Así lo señaló el diputado federal del PRD, Omar Ortega Álvarez, en el marco de la Instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en la Cámara de Diputados, donde subrayó que de igual manera, también hace falta expedir la Ley General en materia de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.
Dicha Ley, permitirá establecer los principios generales y procedimientos que garanticen el derecho de las personas a recuperar el control sobre sus datos privados y su información personal, cuando se encuentre en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos fideicomisos y fondos públicos en el ámbito federal, estatal y municipal.
En presencia de los diputados Francisco Neri y Agustín Basave, el también dirigente del PRD en el Edomex destacó que también están pendientes las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el objeto de homologar esta Ley con las nuevas disposiciones constitucionales y con las que se instruyen en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En contraste con los avances logrados con la legislación en materia de Transparencia, la agenda para el combate a la corrupción es muy extensa., añadió el diputado federal Omar Ortega Álvarez.
Reconoció que si existe una comisión en el Congreso que se encuentra bajo el escrutinio público y en el interés de la sociedad, es la comisión de Transparencia y Anticorrupción.
En esta comisión se concentran las mayores expectativas del trabajo legislativo del Congreso para esta legislatura, porque tiene el desafío mayúsculo de expedir toda la legislación secundaria proveniente de las reformas constitucionales en materia de transparencia y combate a la corrupción aprobadas durante la legislatura pasada.
Esta comisión tiene la responsabilidad de responder de manera eficaz a las demandas de una sociedad profundamente decepcionada de sus gobiernos, de sus instituciones y de los propios partidos políticos, debido a los excesos en los que muchos han incurrido enriqueciéndose con los recursos del erario, utilizando los cargos públicos para obtener beneficios personales y familiares y desviándose de los objetivos principales de las funciones que les fueron encomendadas.
La sociedad espera mucho de nosotros y del resultado del trabajo que logremos concretar en esta Legislatura porque nosotros tenemos el compromiso de aprobar las leyes que hagan posible el andamiaje institucional que permita prevenir, detectar o en su caso sancionar las conductas relacionadas con actos de corrupción en los diversos ámbitos de responsabilidad pública, subrayó Omar Ortega Álvarez.
Estamos emplazados, dijo, a dar cumplimiento con el régimen transitorio de las reformas constitucionales en materia de transparencia y de manera muy especial las de combate a la corrupción, porque sin ellas no lograremos darle vigencia a los nuevos lineamientos que permitan detonar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Nosotros sabemos que de acuerdo con el quinto transitorio de la reforma, el texto constitucional referente al combate a la corrupción no cobrará vigencia en tanto no se expida la legislación secundaria, así que en nosotros recae la responsabilidad de hacerlo posible.
Finalmente, reconoció que esta legislatura tiene la tarea de aprobar la expedición y las reformas a los siguientes ordenamientos:
• Expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Expedir la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Expedir la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Expedir la Ley que regule la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación.
• Reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
