Transparente y Legal Debe Ser el Sistema de Fotomultas


* A nombre del GPPAN, el diputado solicitó al gobierno estatal un informe sobre la adjudicación y contrato de la empresa encargada del proyecto, el cual tiene un costo aproximado de 220mdp.   

TOLUCA, Méx.- A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), el diputado Gerardo Pliego Santana exigió al Ejecutivo Estatal un informe acerca de la forma en la que se adjudicó y contrató el servicio y venta de los equipos tecnológicos o electrónicos necesarios para la implementación del proyecto de las fotomultas.

En tribuna, hizo un llamado a la trasparencia y la legalidad para que este sistema no sea un sinónimo de opacidad que viole los derechos de algunos conductores, tanto en la imposición y cobro de multas ilegales, pues “es una pena que un proyecto que puede salvar vidas, tenga un mal manejo en su implementación”.

El diputado albiazul dijo que es necesario transparentar la forma en la que fue adjudicado el contrato a la empresa encargada de desarrollar, instalar y operar el sistema; así como al análisis sobre la pertinencia y continuidad de un sistema de mala calidad y errores de desfase entre las cámaras y la expedición de multas.

También cuestionó que la adjudicación del contrato de haya hecho de manera directa a la empresa denominada Proyectos de Ingeniería, Seguridad y Abastecimiento S.A. de C.V, cuando el costo de la obra se calcula en 220 millones de pesos.

“Los diputados de Acción Nacional hacemos un llamado al Ejecutivo del Estado para que explique las razones por las cuáles ninguna otra empresa participó en el desarrollo de este proyecto”.

Al mismo tiempo, Pliego Santana manifestó que el Partido Acción Nacional se suma a la defensa de los ciudadanos y exhortó al Ejecutivo estatal para que supervise los procedimientos de infracción e imposición de sanciones, en aras de dar eficacia y validez a este acto administrativo.

“Las fotomultas son proyectos exitosos en otros estados, como Puebla o la Ciudad de México, pues garantiza la seguridad de los conductores al controlar los límites de velocidad, inhibiendo otros delitos y eliminando la corrupción, ya que ningún agente de tránsito en persona emite la sanción correspondiente", concluyó.

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