Sistema Penitenciario, Signo del Avance Democrático de un Estado


 
*Eliminar discrecionalidad y favorecer respeto a derechos humanos, indispensable en las prisiones
 
Toluca, México, 27 de septiembre de 2016.- El respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, no solamente es un imperativo para cualquier sociedad, sino que representa el grado de democratización de un Estado, de acuerdo con los avances del proceso penal y una correcta impartición de justicia que garantice las prerrogativas de las personas privadas de su libertad, afirmó Baruch Delgado Carbajal. 
 
Durante la presentación del libro “Juez de Ejecución de Penas, la Reforma Penitenciaria Mexicana del Siglo XXI”, resaltó la necesidad de favorecer el tránsito de un modelo de ejecución penal a cargo de la autoridad administrativa, a otro de carácter jurisdiccional, ya que esa figura elimina discrecionalidad y garantiza mayores beneficios de preliberación o remoción de penas, que podrían disminuir la sobrepoblación y hacinamiento que se registra por privilegiar la prisión preventiva.
 
Delgado Carbajal enfatizó la necesidad de avanzar en figuras que den mayor certidumbre y protección a los derechos fundamentales de los grupos en situación de vulnerabilidad, como quienes  están privados de su libertad. Aún falta consolidar el sistema de reinserción social, basado en el respeto a los derechos humanos; trabajo, capacitación, educación, salud y deporte.
 
Por su parte, el autor de la obra, Luis Rivera Montes de Oca aseguró que en el Estado de México, se han dado avances en ese sentido y se debe continuar trabajando para que los beneficios no tarden demasiados años en llegar.
 
Asimismo, el jurista e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sergio García Ramírez, aseguró que el sistema penitenciario debe ser modernizado y fortalecido de manera constante, para erradicar expresiones de injusticia.
 
En el ámbito de la justicia penal, queda a prueba el principio de legalidad, una de cuyas manifestaciones es la labor del juez de ejecución, que refleja el compromiso ético del Estado, y muestra que debe promoverse la recuperación social y moral del ser humano que cometió un delito, pues aún cuando esto sea grave, no deja de ser necesario rescatarlo y reinsertarlo a la sociedad.

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