Ecatepec,
Méx., Francisco Javier Díaz González, comisionado de Seguridad Ciudadana y Vial
de Ecatepec, uno de los municipios con mayor indice delictivo en la entidad,
presuntamente no aprobó el examen de control y confianza obligatorio para todos
los miembros de corporaciones policiacas,
Ante
ello, el presidente municipal electo de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras
presentó una denuncia de hechos por el presunto delito de ejercicio indebido
del servicio público
Vilchis
Contreras, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM) en contra del alcalde en funciones, Indalecio Ríos Velázquez,
y Díaz González y solicitó que se investigue la posible responsabilidad de
ambos funcionarios en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público que
alcanza una penalidad de dos a siete años de prisión.
De
acuerdo con la denuncia presentada, el jefe de la policía municipal no aprobó
el examen de control y confianza obligatorio para todos los miembros de
corporaciones policíacas del Estado de México, lo cual fue notificado
oficialmente al municipio desde el 31 de enero de 2018.
Desde
esa fecha, el funcionario mencionado debió ser separado de su cargo como lo
establece la ley, sin embargo, el alcalde le permitió continuar en funciones
durante seis meses sin reunir los requisitos obligatorios para poder ocupar la
titularidad del área, explica.
En la
denuncia presentada, Vilchis Contreras demandó que se investigue la probable
responsabilidad de ambos funcionarios por incumplir con las normas vigentes en
materia de seguridad, establecidas en el artículo 241 del Código Penal Federal.
Tras
presentar la denuncia, la cual será ratificada el próximo 10 de agosto, Fernando
Vilchis hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a cumplir
estrictamente la ley para garantizar el buen desempeño de las tareas en materia
de seguridad y salvaguardar el estado de derecho.
Agregó
que la seguridad pública es la principal necesidad de los tres millones de
habitantes del municipio, por lo cual las autoridades están obligadas a tomar
medidas eficientes y apegadas a derecho para cumplir con su responsabilidad
constitucional de garantizar la seguridad física y patrimonial de la población.
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