Acepta el Poder Judicial del estado de México El Informe Especial

 

• Reconoce la CODHEM compromiso del TSJEM con la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

 

• El Poder Judicial aceptó y atiende las recomendaciones incluidas en el Informe Especial sobre la Situación de Criminalización de Personas Defensoras de la Comunidad Indígena de Tlanixco, Tenango del Valle.

 

Toluca, Estado de México, 17 de mayo de 2021.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) reconoce al Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEM) por su compromiso como órgano impartidor de justicia y garante de los derechos humanos, por la aceptación y atención del Informe Especial sobre la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de Tlanixco, en Tenango del Valle, y de la respectiva ampliación.

 

Lo anterior fue dado a conocer a esta Casa de la Dignidad mediante documento signado por el magistrado presidente del TSJEM, en el que expone las acciones efectuadas para atender y cumplir las propuestas de la Codhem, así como su propósito de colaborar plenamente en la protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos afectadas, de acuerdo con el Informe Especial emitido en enero de 2020.

 

Cabe mencionar que en dicho caso, las acciones realizadas por este organismo autónomo en defensa y protección de los derechos humanos de las seis personas, entre ellas una mujer, mostraron que su enjuiciamiento y situación jurídica fueron afectados por fallas cometidas por la instancia jurisdiccional al vulnerar los derechos al acceso a la justicia, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la debida diligencia, a la fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia, a la honra y a la buena reputación; además de haberse omitido la aplicación del principio pro persona, como criterio de interpretación de la ley en casos relacionados con los derechos humanos.

El TSJEM detalla que, como parte del cumplimiento a las propuestas de esta Defensoría, se realiza el efectivo control de convencionalidad entre las normas internas y tratados internacionales en la materia, a fin de asegurar la debida actuación de operadores de justicia, adoptando lineamientos, criterios, protocolos, principios e instrumentos internacionales destinados a la protección de las y los defensores de derechos humanos.

 

En cuanto a la propuesta de esta Defensoría de Habitantes respecto a la necesidad de valorar la importancia y validez de la labor de las y los defensores, así como de sus organizaciones, el documento de aceptación del Poder Judicial precisa la participación de la Escuela Judicial del Estado de México para capacitar y concienciar a las y los operadores de justicia acerca de la legitimidad de la promoción y defensa de los derechos humanos, actividad que dicha escuela ha efectuado aún con las limitaciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

 

Considerando que el Caso Tlanixco resulta paradigmático en cuanto a las graves consecuencias que puede tener la discriminación por el origen indígena de las personas, esta Defensoría observa como relevantes las acciones realizadas por el TSJEM para garantizar los derechos de las personas integrantes de los pueblos originarios; como lo es la designación de 387 peritos traductores de idiomas como  el mazateco, amuzgo, náhuatl, otomí, triqui, mixteco, tlapaneco, chinanteco, tzotzil, huave, mazahua, mixe, naá savi, popoloca, totonaca, zapoteco, tzeltal, tepehua, maya, purépecha y tojolabal.

 

Esta Casa de la Dignidad estima que de esta forma se garantiza el acceso a traductores y se asegura que en los procesos judiciales se tome en cuenta la cultura de los pueblos originarios a los que pertenecen las personas justiciables, porque es su derecho acceder a la justicia con base en lo que la Ley dispone para su protección.

 

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México mantiene su expectativa de que nunca más vuelva a presentarse un caso como el de las personas defensoras de derechos humanos de Tlanixco, Tenango del Valle, y alcancen la reparación total de los daños ocasionados por la ineficiente impartición de justicia.