* Eruviel Ávila no ha
cumplido sus promesas firmadas ante Notario.
* Ha incrementado la
persecución y amedrentamiento hacia el antorchismo.
Ciudad de México., 1 de octubre 2013.-- Ante la actitud injusta, agresiva e ilegal que el
gobierno del Estado de México ha implementado en contra de millones de
mexiquenses, 130 mil antorchistas de todos los rincones del país se
concentrarán en el Estadio Azteca, el próximo 3 de noviembre, para
protestar por la persecución de la que son objeto los militantes de la
organización en el Edomex. Ahí exigirán frenar las injusticias en su
contra, como consecuencia de que se han atrevido a demandar enérgicamente que
el gobierno cumpla sus compromisos.
En el Estado de México, como
en el resto del país desde hace 39 años, el Movimiento Antorchista tiene un
enemigo a vencer: la pobreza, por lo que persigue los mismos objetivos: a corto
plazo, resolver algunas de las necesidades y
carencias más importantes de amplios sectores de la población. A plazo mayor, buscan
una mejor distribución de la renta nacional y una reorientación drástica
del gasto social en favor de los que menos tienen, para paliar la tremenda
injusticia social en la que viven millones de habitantes.
En el caso del Estado de
México, los agremiados al antorchismo han demandado al gobierno estatal que
cumpla su palabra. En campaña hizo promesas
de dotar a millones de mexiquenses (no sólo antorchistas) de servicios,
vivienda, pavimentos, aulas, apoyo a la producción, programas de combate a la
pobreza, etc., fueron signadas en documentos notariales aplicando la fórmula de
“Te lo firmo y te lo cumplo”, y en actas de acuerdos donde aparece la firma de
funcionarios estatales de primer nivel, como el secretario de Finanzas, Erasto
Martínez Rojas.
Pero, transcurrido ya un
tercio de la administración, la mayoría de eso compromisos firmados son letra
muerta, meras promesas de campaña. Para demostrar que esto es cierto la
organización ha realizado un cotejo, caso por caso y en presencia de un notario
público, entre lo firmado en campaña y lo realizado; los resultados son
absolutamente desfavorables al gobierno, pues en la mayoría de los casos el
avance es igual a cero.
Esta evaluación fue entregado
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para que emita
una recomendación por las violaciones a los derechos humanos que esto implica,
y se está en espera de la recomendación respectiva.
Sin embargo, lejos de que el
gobierno del Estado de México cumpla ha iniciado un serie de atropellos, que
van desde la retención de recursos públicos que por ley le corresponden a los
municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, hasta las amenazas de muerte a líderes
antorchistas.
Un grupo relativamente pequeño
de transportistas solicitó apoyo para librase de la tutela del pulpo
camionero que los tiene hartos de tanto saqueo y manipulación. Pero lo que se
ha evidenciado es que hay fuertes lazos entre el gobierno y los monopolizadores
del transporte, pues es evidente que el negocio es común.
Trasladar la protesta a
la capital del país no es un acto repentino ni caprichoso, sino una medida
necesaria para exponer nuevamente ante el Gobierno de la República, ante la
opinión pública nacional y los organismos defensores de los derechos humanos,
en un foro monumental como es el Estadio Azteca, proporcional al tamaño de los
agravios sufridos, un grave problema de abuso gubernamental por parte del
gobierno mexiquense. Los antorchistas de todo el país consideran el ataque
a sus compañeros, como un agravio que se hace a todos.
Asimismo, la
organización social, con más de un millón 200 mil agremiados, anunció que a partir
de hoy, inició una campaña de denuncia en todo el país.
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