Vinculan a Proceso a Presuntos Extorsionadores

 
Toluca, México, a 03 de noviembre  de 2013.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) consiguió la vinculación a proceso de dos individuos, señalados como probables responsables del delito de extorsión, que operaban en la región de Chalco.
            Las pruebas aportadas por la Representación Social fueron determinantes para que la Autoridad Judicial resolviera vincularlos a proceso, y fijara un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
          Los individuos procesados al parecer son ex elementos de la Policía Federal, y fueron identificados como Edgar Fabián García Vázquez, de 23 años de edad y Leonel González Frutis, de 29 años.
            Cabe mencionar que ambos sujetos fueron detenidos sobre la carretera Chalco-San Gregorio Cuatzingo, cuando presuntamente recibían dinero producto de una extorsión realizada a  un comerciante de Chalco.
          Derivado de las investigaciones realizadas por esta Institución a raíz de la denuncia del  comerciante, elementos de la Policía Ministerial implementaron un operativo que culminó con la captura de estas dos personas.
          Los detenidos supuestamente enviaban a sus víctimas sobres con indicaciones, hacían llamadas telefónicas y mandaban mensajes de texto exigiéndoles dinero a cambio de respetar su vida y la de sus familias.
            Luego de ser detenidos, los presuntos extorsionadores fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien los vinculó a proceso por el delito de extorsión.
          La PGJEM continúa las investigaciones para determinar la probable responsabilidad de las personas aseguradas en más extorsiones en la zona oriente de la entidad.
            Cabe señalar que a partir del 21 de agosto pasado, con las reformas al código penal de la entidad publicadas en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, quien comete el delito de extorsión y sea o haya sido miembro de una institución de seguridad pública o privada, militar, organismos auxiliares de la función pública, servicio público, o se ostente como tal, podrá alcanzar una pena de prisión de 40 a 70 años o cadena perpetua. 

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