Chimalhuacán, Estado de México, a 11 de Julio de 2014. En el municipio de Chimalhuacán existen 36 centros de rehabilitación contra drogas y adicciones, mejor conocidos como anexos, los cuales son supervisados de manera periódica por la dirección de Salud Municipal (DISAM) a fin de constatar que operen bajo estándares de calidad e higiene.
El titular de la dirección de salud, Carlos Rivera Valverde, informó que en lo que va del año, más del 50 por ciento de los centros de rehabilitación han sido inspeccionados por personal debidamente capacitado.
“Los anexos no son instancias gubernamentales; sin embargo, la dependencia de salud municipal tiene la facultad de supervisar, vigilar, reportar y denunciar irregularidades o cualquier situación que agravie la integridad de una persona”.
Informó que la dependencia municipal realiza cada seis meses recorridos de supervisión en los anexos, verificando la documentación del inmueble y que dichos establecimientos cumplan con las medidas sanitarias.
“Durante los recorridos detectamos que sólo 20 establecimientos han presentado documentación en regla… esta serie de irregularidades las notificamos de manera inmediata a la Comisión de Riesgos Sanitarios del Estado de México para que aplique las sanciones correspondientes”, indicó el director.
Aseguró que los centros de rehabilitación de sector público, social y privado deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana 028, la cual plantea condiciones y requisitos mínimos indispensables para elevar la calidad de los servicios de prevención, tratamiento y control de las adicciones.
“Los establecimientos deben estar conformados por un grupo multidisciplinario que preste servicios de medicina general, psicología y trabajo social; además de contar con instalaciones adecuadas y brindar un tratamiento que no afecte la integridad y salud del paciente”.
Respecto a quejas y denuncias por parte de familiares de los pacientes, Rivera Valverde informó que son pocos los casos que la dirección de Salud documenta sobre maltrato físico, dijo que la anomalía más recurrente es el cobro excesivo en los tratamientos de rehabilitación.
“Detectamos centros que cobran 200 pesos diarios por paciente, cantidad que es imposible pagar por una familia cuyo ingreso mensual es de tres mil 600 pesos… en estos casos la dirección de salud y el DIF municipal apoyamos realizando de manera gratuita una valoración médica y física al paciente a fin de reintegrarlo a su núcleo familiar”.
Rivera Valverde reconoció que la regularización de los centros de rehabilitación de adicciones es un problema a nivel nacional, ya que no existe una ley que los obligue a brindar servicios de calidad.
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