Llama Rosi Orozco a Iniciar desde EDOMÉX Movimiento para Combatirla Trata de Personas.

                                  


Tlalnepantla, México, 02 de julio de 2014.- La trata de personas es un
delito de esclavitud, por lo que es necesario iniciar desde la entidad
mexiquense el movimiento abolicionista más grande del país, y combatir
esta problemática, señaló Rosi Orozco, presidenta fundadora de la
Comisión Unidos Contra la Trata, durante el sexto foro Con la Trata no
se Trata.

“Yo quiero hacer esta vez un llamado para que aquí empiece el
movimiento abolicionista más grande de este país. Que de verdad el
Estado de México prospere, porque cierre todos los lugares de
esclavitud, que combata esta explotación laboral y esta mendicidad
forzada, como lo están haciendo ya”, destacó.

Ante más de mil asistentes de Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, y
acompañada de Mercedes Colín Guadarrama, vocal ejecutiva del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, así como del alcalde Pablo
Basáñez García, la activista manifestó que los delincuentes se
aprovechan de la desintegración familiar, de las adicciones, de la
violencia familiar, la inseguridad e impunidad, para atrapar a sus
víctimas.

En este foro, que se llevó a cabo en el Teatro Centenario de este
municipio, se dio a conocer que la trata de personas es el tercer
delito con mayor ganancia en el mundo, después del narcotráfico y la
venta de armas, pues los dividendos representan 32 mil millones de
dólares anualmente -equivalentes a 160 veces el Producto Interno Bruto
del Estado de México-, y se estima que hay en el mundo 2.5 millones de
víctimas, de las cuales el 75 por ciento son mujeres.

Asimismo, se informó que actualmente, la trata es un delito que se
registra en 129 países y reúne el mayor número de violaciones a los
derechos humanos, donde la explotación sexual representa 79 por
ciento, el trabajo forzado un 18 por ciento y el matrimonio forzado
un 3 por ciento.

Cabe destacar que en noviembre de 2013 se publicó en el Estado de
México la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la
violencia de la trata de personas y para la protección y asistencia a
las víctimas del delito, siendo la única legislación de este tipo a
nivel nacional que ha sido traducida a lenguas originarias, lo que
permite que los mexiquenses pertenecientes a las etnias indígenas
matlatzinca, otomí, náhuatl, mazahua y tlahuica, estén mejor
protegidos.

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