Toluca, México, a 01 de agosto de 2014.- Elementos de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Municipal de Metepec detuvieron en este municipio a dos policías ministeriales señalados como probables responsables de secuestro, ya que presuntamente estaban exigiendo dinero y vehículos a cambio de la libertad de tres personas.
Los detenidos fueron identificados como Gabriel Méndez Maceda y Jonathan Osorio Flores, quienes quedaron a disposición del Representante Social que está integrando la carpeta de investigación correspondiente y recabando las pruebas en su contra para presentarlos ante la Autoridad Judicial.
El titular de la PGJEM, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, comentó que pedirán la mayor sanción que establecen el Código Penal del Estado de México y La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, donde se prevén agravantes para quienes priven ilegalmente de la libertad a una persona y pertenezcan a una corporación policíaca.
"El Gobernador Eruviel Ávila nos ha dado una instrucción muy clara: vamos por los malos elementos. Los servidores públicos que utilizan su cargo para delinquir no tienen cabida en el Gobierno mexiquense, por ello supervisamos constantemente las labores de nuestros policías y ministerios públicos, quién sea sorprendido cometiendo algún ilícito se va a ir a la cárcel", aseguró Gómez Sánchez.
La indagatoria está en curso para determinar si estas dos personas han participado en algún otro delito, por lo que la Procuraduría mexiquense hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que los reconozca como los probables responsables de un ilícito, los denuncie a través del correo electrónicocerotolerancia@edomex.gob.mx y del número telefónico 01800 7028770.
La detención de estos dos sujetos fue posible gracias al trabajo coordinado y la colaboración que existe entre autoridades de los tres niveles de gobierno en el Operativo de Seguridad Mexiquense.
El gobierno del Estado de México tiene una política muy clara de cero tolerancia en contra de los servidores públicos que no actúen conforme a los principios que sus cargos les confieren como son honestidad y respeto a los derechos humanos.
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