- Los presuntos responsables previamente fueron vinculados a proceso por otra extorsión, por lo que con esta imputación enfrentan dos procesos legales
Toluca, México, a 13 de julio de 2015.- Un Juez con sede en Chalco determinó vincular a proceso a Ricardo Bryan Carreón Camacho, de 19 años de edad, y a Miguel Ángel López Sánchez, de 18 años, luego de que el Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acreditó la probable responsabilidad de ambos en el delito de extorsión.
Estos individuos se encuentran presos en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, en donde enfrentan otro proceso penal por el delito de extorsión, en agravio de un comerciante de la zona.
Los dos sujetos están acusados de extorsionar al dueño de un negocio de desperdicios industriales, a quien presumiblemente le exigieron la entrega de una suma económica a cambio de no hacerle daño.
De acuerdo con las indagatorias realizadas por Agentes de la PGJEM, se pudo establecer que los presuntos extorsionadores, ostentándose como integrantes de una célula delictiva con orígenes en Michoacán, se presentaron en el negocio de la víctima, ubicado en la colonia Alfredo del Mazo, en el municipio de Ixtapaluca, y presuntamente lo amenazaron para que les entregara una cantidad de dinero.
Cabe mencionar que estos individuos fueron detenidos por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y de la Policía Municipal de Ixtapaluca, luego de que presuntamente extorsionaron a un comerciante de esa región de la entidad.
Independientemente de que los probables responsables previamente fueron vinculados a proceso por otro hecho delictivo, el Representante Social solicitó ante un Juez librar una orden de aprehensión en su contra, por extorsión, misma que fue otorgada y cumplida en reclusión.
Luego de que el Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad de estos sujetos en la extorsión en agravio del dueño de un negocio de desperdicios industriales, la Autoridad Judicial inició un proceso legal en su contra y fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación, sin embargo se les presume inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
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