Toluca, Mèx., 8 de octubre 2015.-La diputada federal perredista Karen Hurtado Arana, advirtió que la liberación de cuatro de los siete militares consignados por el caso Tlatlaya, viene a sumarse a la cadena de investigaciones contradictorias, recomendaciones cumplimentadas a medias y versiones encontradas, por lo que de continuar estas irregularidades, se corre el riesgo de que este hecho, que ya cumplió más de un año, quede en la impunidad.
Recordó que conforme transcurrieron los días de aquel 30 de junio de 2014, en los que murieron 22 personas, comenzaron a salir a la luz la serie de irregularidades en torno a este hecho, como el que dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechosa Humanos (CNDH) quien en su informe señaló que al menos 15 de los 22 civiles que perdieron la vida en el lugar fueron fusilados por las fuerzas castrenses.
No obstante, días antes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que las muertes se produjeron a raíz de un enfrentamiento de presuntos delincuentes con militares que hacían patrullajes.
En ese mismo reporte, la CNDH abrió una investigación contra 20 funcionarios de procuraduría mexiquense, incluyendo policías, peritos y agentes del Ministerio Público, acusados de torturar a las mujeres que presenciaron los hechos, para que no dijeran que hubo ejecuciones y confesaran que tenían relación con los presuntos delincuentes, pero más aún, pues se señaló que la escena de los hechos fueron manipulados
Sin embargo, en octubre del año pasado, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, señaló que el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, debería ser el primero en exigir que se transparentara y resolviera el caso de Tlatlaya para limpiar su imagen, pues fue pieza clave en la “operación para desvirtuar la verdad de lo ocurrido”.
La diputada federal Karen Hurtado Arana, señaló que la averiguación que la Procuraduría General de Justicia Militar inició por los presuntos delitos militares ocurridos en Tlatlaya, fue reservada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por 12 años, no obstante, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) redujo de 12 a dos años el periodo de reserva.
Ante todos estos hechos, se corre el riesgo de que se vayan borrando evidencias y que el caso Tlatlaya quede en la impunidad, advirtió la diputada federal perredista Karen Hurtado Arana.
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