- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se consolida como premio para políticos del partido en el poder.
- Debe privilegiarse el servicio civil de carrera por encima de favoritismos y decisiones facciosas.
Toluca, Mèx., 18 de octubre 2015.-Es lamentable que la bancada parlamentaria más numerosa en la Cámara de Diputados del Estado de México como es la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y algunos de sus aliados, impulsaran y avalaran el nombramiento de Jorge Torres Rodríguez como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México (TRICAEM).
Designación que rompe con todo tipo de principio ético en el sector público, donde se debe garantizar que los puestos directivos sean otorgados a personas que cumplan el perfil que se requiere para el cargo.
Omar Ortega Álvarez, presidente del PRD en el Estado de México, recordó que el hoy magistrado, tan sólo unas horas antes a su nombramiento, venía ocupando un cargo en el Comité Directivo del PRI mexiquense.
Por lo anterior, advirtió el dirigente perredista, evidentemente Torres Rodríguez no cumple con uno de los principios básicos y éticos en los nuevos conceptos del sector público, como es el contar con un servicio civil de carrera; elemento fundamental para designar o colocar en sectores claves del aparato gubernamental, a profesionales que toman decisiones con repercusiones directas para la sociedad.
Ortega Álvarez recordó que los cargos de magistrado en el TRICAEM tienen vigencia por una década, por lo que consideró que otorgar un espacio público de tal magnitud, a un alto directivo del partido en el gobierno, puede ser legal pero no ético, ya que hay altas posibilidades de que sus decisiones no sean tomadas con independencia e imparcialidad y se rompa otro principio básico en esas posiciones como es la objetividad.
El presidente del PRD estatal recordó tres conceptos básicos que rigen y mueven al TRICAEM y a los que hoy Torres Rodríguez debería apegarse:
Misión: “Otorgar seguridad jurídica a los gobernados que acuden a esta instancia administrativa a dirimir las controversias que se suscitan entre los particulares y las autoridades estatales, municipales y de sus organismos descentralizados promoviendo el respeto a la Ley y las garantías conculcadas”.
Visión: “Ser un Tribunal confiable, oportuno, justo e imparcial que llegue a la totalidad del territorio estatal y que satisfaga la necesidad de justicia administrativa de los gobernados del Estado de México”.
Objetivo General: “Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, Municipios y Organismos Auxiliares con funciones de autoridad y los particulares”.
Por último, Ortega Álvarez puntualizó que la fracción parlamentaria del PRD actuó en consecuencia y rechazó dicho nombramiento en voz de la legisladora Juana Bonilla Jaime, quien precisó durante la sesión que los encargados de impartir justicia deben hacer servicio civil de carrera, cubrir el perfil legal y ético, y no tener cargos partidistas.
Además comentó que el citado Tribunal se ha convertido en una especie de asilo o premio para cuadros priistas, lo cual demerita las funciones de este organismo jurisdiccional.
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