· Si se detectan anomalías como tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en la información pública, se reconozca como acto de corrupción y sean llevados al orden penal, señaló el diputado perredista, Víctor Bautista.
NEZAHUALCOYOTL, mÉX., 17 de marzo 2016.-.- A pesar que nuestro país ha firmado varios acuerdos internacionales de acceso a la información pública, hasta el momento no se ha hecho efectivo la transparencia, debido a ello, la fracción parlamentaria del PRD, en la cámara local, propondrá no sólo mejorar la transparencia en los recursos públicos, sino sancionar, castigar y, en su caso, pagar el daño y ser procesados ante la justicia por haber realizado actos de corrupción durante el ejercicio como servidores públicos, así lo dio a conocer en conferencia de prensa, el legislador perredista, Víctor Manuel Bautista López.
“La información pública pertenece al pueblo, no pertenece a los funcionarios públicos de ninguna instancia, sea estatal o municipal, por lo que buscaremos reformar el artículo II y adicionar un Artículo 42 Bis a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios, para que si se detectan anomalías sean sancionados penalmente los funcionarios públicos tanto estatales como municipales”, señaló el diputado del Sol azteca.
Indicó que actualmente los servidores públicos no son sancionados penalmente, existen sanciones administrativas light, lo que provoca que reincidan en actos de opacidad, por ello, si de una solicitud o recurso de revisión se detectan anomalías como tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, se reconozca como acto de corrupción y sean llevados al orden penal, así como ser inhabilitados para el ejercicio público.
Víctor Bautista, enfatizó que esta iniciativa tiene como propósito que los ciudadanos, representantes de los medios de comunicación, investigadores y académicos, tengan pleno acceso a la información pública, sin cortapisas, ni simulada o, en su caso, a cuentagotas; quitar esas cláusulas en donde se señale que por causas de seguridad no se proporcione la información pública.
Deben desaparecer ese tipo de filtros que provocan opacidad, un ciudadano está en su derecho de estar al tanto de cuánto ganan los alcaldes, el gobernador y los demás funcionarios; conocer el nombre de las empresas que participan en licitaciones, sus actas constitutivas para estar al tanto si no hay conflictos de interés entre los prestadores de servicio y el gobierno; así como el monto económico de las obras públicas, si no hay sobreprecio en los montos de las mismas y otra prestación de servicios.
Recordó que se tiene hasta el mes de mayo de este año, para mejorar y armonizar la ley estatal de transparencia, por lo que propondrán acortar los tiempos, que sea pronta y expedita la solicitud, y así no se preste a malas interpretaciones.
“La iniciativa nacional señala que sean 20 días los que tengan los municipios y el gobierno estatal para responder a la solicitud de información, nosotros estamos proponiendo que sean 15 como está en la ley estatal; mientras que el recurso de revisión, es decir, cuando no te contestan en el plazo solicitado, o bien, el contenido está incompleto, sea de 30 días y no de 40 como propone la iniciativa nacional”, subrayó.
Por otro lado, manifestó que la permanencia de 10 años de los consejeros, cinco por elección y otros cinco por reelección, debe acortarse, para evitar que actúen en condiciones viciadas o de consigna por los gobiernos estatal o municipales, para ello, “sería correcto que sólo permanezcan siete años, a fin de refrescar ese cuerpo colegiado”, finalizó.
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