· Indispensable que el gobierno se haga cargo de la protección de las víctimas que denunciaron
· Una de las testigos declaró temer por su vida y la de su familia ante la liberación de los implicados
Toluca de Lerdo, estado de México a 17 de mayo de 2016.-El caso Tlatlaya representa sólo la punta del iceberg y el reflejo de la grave crisis de Derechos Humanos que se vive en el estado de México, sostuvo Osmar León Aquino, dirigente de la Organización México Suma, luego de conocerse que el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito tribunal, absolvió a los últimos tres militares inculpados por los hechos ocurridos en una bodega ubicada en el mencionado municipio.
Los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en los que perdieron la vida 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento armado con militares, estuvo viciado desde un principio, pues se documentó que hubo alteración de la escena de los hechos y torturas a una testigo, así como protección a elementos castrenses para deslindarlos de toda responsabilidad.
Osmar León Aquino afirmó que las recomendaciones que en su momento hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a los hechos, y la evasión de las mismas por parte del gobierno mexiquense, solo alientan la impunidad y un estado donde las instituciones son ignoradas.
Sostuvo que la ciudadanía merece una respuesta por lo ocurrido en Tlatlaya, pues no se puede ni debe permitir que un gobierno se distinga por la impunidad y por la violación sistemática a los derechos humanos en el estado.
El dirigente de México Suma expresó que la liberación de Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes enfrentaban cargos por los delitos de Homicidio, Encubrimiento (en la modalidad de alteración) y Modificación Ilícita de vestigio del hecho delictivo, es un grave precedente para cualquier institución.
Pero sobre todo, agregó Osmar León Aquino, para la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al cuestionarse sus recomendaciones por parte del mismo gobierno mexiquense, cuando en su momento encontraron evidencia de irregularidades, pero ahora resulta que los juzgadores no encontraron elementos para determinar la culpabilidad de los indiciados.
Destacó que Clara Gómez, testigo de este caso, afirmó en una entrevista que se siente indignada y molesta por esta situación, pero sobre todo, que teme por su seguridad y por el resto de su familia, ante posibles represalias de los elementos castrenses.
Cabe señalar que los elementos probatorios fueron aportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien emitió la Recomendación 51/2014, en la que concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas por personal militar en Tlatlaya.
Recordó que en su momento la PGR ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos, por lo que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a los elementos castrenses.
Sin embargo, al paso de los meses, no hay responsables, lo cual es un hecho preocupante, concluyó Osmar León Aquino, dirigente de la Organización México Suma.
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