- Estos sujetos al parecer se ostentaban como integrantes de una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán.
- Presuntamente extorsionaban a los locatarios de un mercado localizado en el municipio de Nezahualcóyotl.
Toluca, México, 29 de agosto de 2016.- El Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acreditó la probable responsabilidad de dos sujetos en el delito de extorsión, por lo que la Autoridad Judicial con sede en Nezahualcóyotl determinó vincularlos a proceso.
Los presuntos extorsionadores fueron identificados como Eliot Gamaliel Esparza Banderas, de 18 años de edad, y José Andrés Hernández Sánchez, de 32 años.
Ambos sujetos fueron detenidos en la colonia Benito Juárez, mediante un operativo conjunto realizado por elementos de la Procuraduría de Justicia estatal y de la policía municipal de Nezahualcóyotl, momentos después de recibir dinero en efectivo producto de una presunta extorsión.
La movilización que derivó en el aseguramiento de estos individuos fue realizada en atención a una denuncia presentada por el secretario general de un mercando ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, quien aseguró que contantemente los locatarios eran extorsionados por sujetos que se ostentaban como integrantes de una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán.
Derivado de la denuncia, personal de esta Institución realizó diversas indagatorias, y en conjunto con elementos de la policía municipal desplegó un operativo en calles de la colonia Benito Juárez, en donde fueron detenidos los presuntos extorsionadores.
Durante el operativo, a estos sujetos le fue asegurado un vehículo con cromáticas de taxi, de la Ciudad de México, tres teléfonos celulares, los cuales presumiblemente eran utilizados para realizar las extorsiones, y varios sobres con dinero en efectivo.
Tras ser asegurados, los probables responsables fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició una indagatoria y luego los remitió ante un Juez.
Luego de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por esta Representación Social, la Autoridad Judicial determinó vincularlos a proceso y fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación, sin embargo se les presume inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
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