- Ambos individuos fueron detenidos por elementos de la PGJEM en el mes de septiembre del año 2015, en cumplimiento de una orden de aprehensión que existía en su contra.
Toluca, México, 28 de octubre de 2016.- Dos sujetos detenidos en el municipio de Joquicingo, por Agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), fueron sentenciados a 52 años y seis meses de prisión, tras ser encontrados culpables del delito de secuestro.
Los elementos de prueba recabados y aportados por el Representante Social fueron determinantes para que la Autoridad Judicial, con sede en Tenancingo, dictara esta condena en contra de los hermanos Fredy y Erick de apellidos Michua Michua.
Ambos sujetos son penalmente responsables del secuestro de una persona, ocurrido en el mes de agosto del año 2015, en las inmediaciones de un hospital localizado en el municipio de Malinalco.
El día de los hechos, la víctima caminaba por el lugar, cuando fue sorprendido por los ahora sentenciados, quienes lo sometieron y por la fuerza lo trasladaron a un inmueble del Barrio de Santa María, en el municipio de Malinalco, en donde lo mantuvieron cautivo; luego se comunicaron con los familiares de éste, a quienes les exigieron la entrega de dinero en efectivo a cambio de dejarlo en libertad.
Días después, la víctima fue liberada en el poblado de San Martín, del mismo municipio, por lo que acudió ante la PGJEM e interpuso una denuncia por estos hechos.
Derivado de la denuncia y con los datos recabados por Policías de Investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de los hermanos Michua Michua, la cual fue otorgada y cumplimentada por personal de la Procuraduría estatal, en el mes de septiembre del año 2015.
Estos individuos fueron ingresados al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, en donde quedaron a disposición de un Juez, autoridad que luego de revisar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, les dictó esta sentencia condenatoria.
Además de la pena privativa de libertad estos sujetos deberán pagar una multa de 2 mil 250 días de salario mínimo, y 61 mil pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
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