Ø Visibilizar
el fenómeno y generar conciencia, factores para erradicar los casos de
violencia política contra la mujer.
Toluca, Mex., 12 de febrero 2017.-“Con la reforma
político-electoral de 2014 se estableció el principio constitucional de paridad
de género, lo que propició que el número de mujeres que ocupan un cargo de
representación popular se incrementara, sin embargo, hay reacciones que
obstaculizan su avance, por lo que se debe visibilizar el fenómeno y generar
conciencia para erradicar los casos de violencia contra la mujer”, planteó la Mtra.
Roselia Bustillo Marín, al impartir la conferencia “Violencia política por
razón de género” en el Instituto Electoral del Estado de México.
La investigadora del Centro de Capacitación Judicial
Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, explicó
que el origen de la violencia política se ubica en una cultura masculinizada en
el ejercicio del poder y, derivado de que hay más mujeres ocupando cargos de
elección popular, se visibilizan reacciones que tienen como fin obstaculizar la
participación de las mujeres en la vida política.
Estimó que se ejercen prácticas que vulneran el derecho
humano de la dignidad, igualdad y hay discriminación por ser mujer, aunque dada
la cultura en la que estamos inmersos, estas prácticas adquieren formas
sutiles, de ahí que no es fácil identificar la manera en que se ejerce violencia
política contra la mujer. Es importante conocerlas, ya que pueden ser acciones
estereotipadas como descalificaciones o invisivilización de su protagonismo.
La práctica de la violencia política se puede presentar en
el ámbito privado como en el público, adquiriendo planos simbólicos, verbales,
económicos, físicos, sexuales, además de aparecer en medios digitales como las
redes sociales y la tecnología, vulnerado a la persona, pero sobre todo,
generando inequidad en la participación de la mujer en el plano electoral.
Ante los casos de violencia política que se registran, se
cuenta con el “Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres”,
con el que se busca restituir los derechos de las mujeres que pudieran verse
violentados, para dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia,
además de ser un instrumento que da respuesta a la ausencia de un marco
normativo integral y de políticas concretas en la materia.
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