· No se puede hablar de impartición o procuración de justicia, cuando se comprobó que PGJEM torturó a testigos y manipuló evidencias
· El procurador Alejandro Gómez tiene responsabilidad por acción u omisión, no puede ni debe evadirse su responsabilidad
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de México (PRDEDOMEX), Omar Ortega Álvarez, cuestionó las declaraciones del secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, quien descartó la renuncia del procurador Alejandro Gómez, no obstante la contundencia de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso Tlatlaya.
Las declaraciones de Manzur sientan un pésimo y lamentable precedente, sobre todo, que la recomendación concluyó que personal de la Procuraduría General del estado de México (PGJEM) torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano.
Bajo esas circunstancias, es muy claro el mensaje de impunidad que se le manda a la ciudadanía, pues se está evadiendo una responsabilidad del procurador, ya sea por acción u omisión.
En el primero de los casos, que los elementos manipularon evidencias y torturaron testigos bajo su complacencia, mientras que en el segundo caso, los responsables lo hicieron a espaldas del procurador.
Cualquiera de los dos escenarios es preocupante, pues se hablaría de una PGJEM donde no hay un mando al que se le obedezca o bien que hay un mando inexistente, pues se cometen violaciones a las garantías individuales sin que el procurador lo sepa, agregó Omar Ortega Álvarez.
El buen desempeño de las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia queda evidenciado, lo que conlleva a que cada vez sea más honda la brecha entre ellas y una ciudadanía desconfiada, a grado tal que programas como el de recompensas terminen en fracaso.
El argumento del secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, con respecto a la recomendación de la CNDH, es que se investigue, no que se sancione, lo cual habla de una complacencia para encubrir el actuar del procurador.
Es de señalar que este 22 de noviembre, se cumple el plazo de los 15 días hábiles para el gobierno del Estado de México emita respuestas a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo, las declaraciones de José Manzur Quiroga adelantan lo que pasará con esa recomendación y los hechos de impunidad que se esperan, concluyó Omar Ortega Álvarez.
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