+ Inspeccionado no exhibió documentación que avalara la legal procedencia de los ejemplares
+ Se trata de una cebra (Equus zebra), 14 ciervos axis (Axis axis), 7 ciervos rojos (Cervus elaphus) y 15 ciervos gamo (Dama dama) en Valle de Bravo y dos crías de gato montés (Lynx rufus) en Xalatlaco
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró 39 animales de vida silvestre por no contar con la documentación que acreditara su legal procedencia en los municipios de Xalatlaco y Valle de Bravo, Estado de México.
En una primera acción, personal de la Delegación de la PROFEPA en la entidad realizó una visita de inspección a una casa habitación en el municipio de Xalatlaco en atención a una denuncia ciudadana.
En el lugar fueron encontrados dos ejemplares de cachorros de gato montés también conocido como lince rojo (Lynx rufus).
Al solicitar la documentación de los ejemplares de vida silvestre, el inspeccionado no pudo avalar la legal procedencia de los mismos, por lo que se procedió a su aseguramiento.
En una segunda acción se visitó un inmueble bajo la categoría de “Predios e instalaciones que manejen vida silvestre fuera de su hábitat natural” (PIMVS), en el municipio de Valle de Bravo.
Durante la visita de inspección, personal de la Dependencia Federal observaron 37 ejemplares sin sistema de marcaje, entre los que figuran 1 cebra (Equus zebra), 14 ciervos axis (Axis axis), 7 ciervos rojos (Cervus elaphus) y 15 ciervos gamo (Dama dama).
Los ejemplares se encontraban en un área de aproximadamente 15,000 m2 delimitado con malla ciclónica.
El inspeccionado no exhibió la documentación que amparara la legal procedencia de los animales, por lo que al no acreditarse como legítimo poseedor de los mismos, se impuso como medida de seguridad el aseguramiento precautorio de los 37 especímenes.
La Ley General de Vida Silvestre establece que poseer ejemplares de la fauna silvestre fuera de su hábitat natural sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia puede ser sancionable con el equivalente de 50 a 50 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.
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