· Presentan en la Codhem el libro “La Desaparición Forzada de Personas en México. Su Protección en la Nueva Ley de Amparo, Alcances y Límites”
Toluca, México, 10 de abril de 2016.- Para erradicar la desaparición forzada, es indispensable debatir sobre el tema, modernizar las leyes, establecer estadísticas confiables y sobre todo, hacer realidad los tratados internacionales que México ha suscrito, puntualizó la magistrada federal, María de Lourdes Lozano Mendoza.
Durante la presentación de su libro “La Desaparición Forzada de Personas en México. Su Protección en la Nueva Ley de Amparo, Alcances y Límites”, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, indicó que se debe sentir vergüenza e indignación mientras existan seres humanos cuyo paradero se desconoce, al igual que cuando sus familiares no tengan la certeza de que han fallecido y no puedan enterrarlos, ni conozcan dónde están sus restos, si están vivos o son sometidos a torturas, pues eso es desaparición forzada.
En ese sentido, el juicio de amparo, con todo y lo perfectible que pueda ser, es el instrumento con el cual puede hacerse frente a ese fenómeno, además, aseguró que las autoridades de todos los ámbitos, tienen la obligación de respetar y de procurar que jamás suceda, señaló.
En su intervención, el ombudsman mexiquense Baruch Delgado Carbajal expuso que para prevenir, erradicar y sancionar un delito tan cuestionado en el país, se requiere la armonización y modernización del marco normativo, además de proporcionar a sus operadores, los instrumentos y recursos para posibilitar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
Manifestó que el análisis, la reflexión y la búsqueda de alternativas permitirán hacer frente de una mejor manera a ese fenómeno. Asimismo, destacó la labor de integración, investigación y documentación sobre este tema, a la luz de los antecedentes históricos, la normatividad internacional y en particular, la Ley de Amparo, instrumento de suma importancia en la aplicación de justicia para las víctimas de ese flagelo.
Al comentar la obra, el magistrado Mauricio Torres Martínez, recalcó que la desaparición forzada es una práctica pluriofensiva, una figura lacerante que ofende al individuo, a sus familiares y a la sociedad misma, por el debilitamiento del Estado de derecho, misma que desgraciadamente es un tema vigente en México, debido a la alarmante recurrencia del fenómeno.
Tal panorama, añadió, hace necesaria la búsqueda de mecanismos para enfrentar ese flagelo atribuible a los agentes del Estado, por sus actos, por facilitar a terceros e incluso, por su negativa a aceptar su participación y resolver asuntos, proporcionar información a la sociedad y a las familias de las víctimas.
Por estas situaciones, mencionó, se necesita contar con un recurso judicial efectivo y una sentencia que resuelva el problema de fondo, establezca un remedio y evite que se repitan hechos de esa índole.
Por su parte, José Antonio Ortega Sánchez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia A.C., mencionó que este ilícito es una grave violación a los derechos humanos, al constituirse como una práctica para someter a la víctima con un control absoluto, con el objetivo de causar terror, signo de los regímenes represivos que comenzó con el comunismo, el nazismo y se arraigó en diversos países como Corea del Norte –donde más de 200 mil personas han sucumbido a la desaparición, el hambre y la tortura-, Irak, China o Camboya y también en América Latina.
Afirmó que no es una cuestión del pasado y en México, el verdadero problema es que el Código Penal ni siquiera lo reconoce, pues son obra de milicias privadas, lo cual representa el mayor desafío para el Estado mexicano, en vista de que es una práctica regular el uso de vehículos y uniformes falsos, como también se dan casos de servidores públicos inculpados.
La desaparición forzada, insistió, ocurre por las carencias legales y políticas, donde la objeción de fondo es la falta de una política pública para su control y sanción, sin embargo, reconoció que desde la Judicatura, es posible abrir brecha para el combate al problema, como se plantea en la obra que sitúa al juicio de amparo como un camino posible.
Finalmente, el primer visitador general de la Codhem, Miguel Ángel Cruz Muciño, insistió en la necesidad de tener cifras confiables para aclarar el panorama de las 26 mil personas que a septiembre de 2015 estaban como desaparecidas, además de que resulta importante que más entidades de la República actualicen su legislación, ya que a la fecha son 23 las que tipifican la desaparición forzada; en tanto, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Querétaro tienen una normatividad específica que va más allá de la regulación con un tipo penal. Reiteró la necesidad de armonizar las leyes con los instrumentos internacionales y generar una política que atienda de manera integral a ese grave fenómeno.
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