El Ombudsman de Chimalhuacán, Mario Flores González informó que el organismo trabaja en casos como privación ilegal de la libertad y falta de atención médica.
“El ingreso de una persona adicta a los anexos es, casi siempre, en contra de su voluntad… algunos sufren de tortura o agresiones a su dignidad, se violan los derechos humanos del individuo, por lo que nos damos a la tarea de atenderlos y canalizarlos a centros que les ayudarán a su reintegración social”.
Puntualizó que la defensoría trabaja en coordinación con las direcciones de Salud, Seguridad Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal para inhibir violaciones a derechos humanos.
“En lo que va del año hemos atendido alrededor de 20 casos, los cuales han sido canalizados a las instancias correspondientes, como la Dirección de Salud, para que reciban la atención médica adecuada”.
Por su parte, el director de Salud municipal, Carlos Rivera Valverde, informó que después de una revisión médica, los pacientes adictos son canalizados a la Unidad de Especialidades Médicas, la cual está compuesta por el Centro de Atención a las Adicciones y el Centro Integral de Salud Mental.
“Es importante que una persona adicta no sea trasladada de manera inmediata a un anexo, sino que reciba una rehabilitación donde participe toda su familia, porque en la mayoría de los casos no conocen la enfermedad ni cómo tratarla”, exhortó el funcionario.
Cabe destacar que el gobierno del Nuevo Chimalhuacán supervisa y vigila el funcionamiento de los anexos; exhortándolos a regularizarse ante la Secretaría de Salud, garantizando el estricto apego a la Norma Oficial Mexicana 028 que describe las reglas de tratamiento y control a las adicciones.
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