· Falta conciencia de la población señala CNDH
Toluca, México, 7 de septiembre de 2016.- En México falta conciencia de que la discapacidad no es un asunto de la persona que la padece ni de paridad o salud, sino es social, porque involucra a todos y requiere corresponsabilidad, por tanto, deben eliminarse las barreras físicas y de información, afirmó el Visitador Adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Germán Emmanuel Bautista Hernández.
Al hablar sobre el Mecanismo Nacional para el Monitoreo para la correcta aplicación de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, mencionó la importancia de aplicar las disposiciones nacionales e internacionales, el monitoreo y la evaluación para conocer los avances.
Ante defensores municipales y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, detalló que la discapacidad se construye con las barreras de actitud y de información, es decir, por la falta de capacitación de servidores públicos para atender a dicho sector, maestros que desconocen el sistema braille para utilizarlo con estudiantes que tienen debilidad visual, medidas para prevenir el bullying contra quienes padecen alguna discapacidad.
Mencionó que las barreras agravan la participación efectiva de las personas con discapacidad, por eso no debe creerse que la discapacidad se va a resolver con rehabilitación, dando prótesis o dinero, sino al eliminarlas.
Refirió que la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, reconoce que quienes están en esa situación no tienen disfrute pleno de las oportunidades, al igual que el resto de los demás, por eso en su artículo 33 establece tres mecanismos para lograr la inclusión.
El primero indica que los Estados que adopten la convención deben crear un mecanismo de Aplicación, para lo cual se deben ajustar las políticas públicas de acuerdo a las necesidades que tienen, es decir, que contemplen una perspectiva hacia las personas con discapacidad y que se transversalicen.
Otro mecanismo es el de Vigilancia y Promoción, que está a cargo de la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos, para monitorear su implementación y si es necesario, llamar la atención a las autoridades; el tercero corresponde a la sociedad civil, al vigilar todos los procedimientos de ambos mecanismos, para enviar observaciones o un reporte alternativo a la Organización de Naciones Unidas, a fin de que se modifiquen.
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