Inicia PGJEM Investigación Contra Servidores Públicos Por Presunta Negligencia



Toluca, México, a 20 de agosto de 2013.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que se llevará a cabo un proceso administrativo y una investigación de tipo penal en contra de cuatro Agentes del Ministerio Público y un Médico Legista, encargados de la indagatoria iniciada por el hallazgo de un cadáver el 19 de febrero pasado, en las inmediaciones del Puente de Calderón, en la autopista Toluca-Ixtapan de la Sal.
            La investigación en contra de estos servidores públicos fue ordenada luego de que se detectaron presuntas anomalías en el procedimiento para el levantamiento del cadáver, lo que impidió su correcta identificación.  
            Ello luego de que durante seis meses el cadáver de Carlos Eduardo Martínez González,  15 años de edad y quien fue secuestrado en las puertas de un colegio de monjas en Toluca, estuvo en el Servicio Médico Forense (Semefo) en Tenancingo, mientras sus familiares y la Procuraduría General de Justicia del estado de México lo buscaban infructuosamente.
Fue  la semana pasada, cuando en una revisión de los cadáveres que se encuentran en calidad de desaparecidos en las instalaciones de los Semefos de la Procuraduría del estado, cuando la dependencia se percato que el niño al que buscaban, se encontraba en sus propias instalaciones y a punto de ser enviado a la fosa común.
 Se realizaron algunos exámenes de ADN y el padre de la víctima y al dar positivo de inmediato reclamó el cuerpo y le dio sepultura en domingo.
La Procuraduría informó que hace unos meses en colaboración con el Sistema Estatal de Informática (SEI), diseñó el Programa ODISEA-SEMEFO, mismo que se encuentra en etapa de prueba.
            Este sistema, dijo, se permitirá comparar las bases de datos del Sistema ODISEA, donde están reportadas las personas desaparecidas, con los archivos del SEMEFO, que contienen la información sobre cadáveres no identificados.
 Comentó que la PGJEM continuará con las investigaciones para determinar la probable responsabilidad de estos servidores públicos.


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